7D: Los trabajadores tenemos que tomar la palabra. Asambleas para fijar nuestra posición

Jue 1 Nov 2012

Los tiempos se aceleraron y prácticamente todos los días el Gobierno y el Grupo Clarín protagonizan un nuevo round de cara a la pelea de fondo que se dio en llamar “7 D”. Se han sucedido la designación de Martín Sabatella al frente de la AFSCA; la pelea al interior del Consejo de la Magistratura que debe designar los jueces que decidirán sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos que obligan al pulpo a desinvertir; la reciente aprobación de la ley que reglamenta el per saltum para que la Corte pueda intervenir en el tema; la remoción de jueces; la discusión acerca de la forma en que los otros grupos comunicacionales se adaptarán a la ley. Todo en un cuadro donde se ha agravado el sistemático choque entre el atril presidencial y sus funcionarios más desbocados y las tapas y notas del diario Clarín y sus restantes medios. 

No existe tema de la agenda pública –inflación, seguridad, política exterior– que no esté, aunque en muchos casos artificialmente, cruzado por este choque, es decir que estamos ante una crisis de conjunto que afecta a todo el régimen político.

Quién juega, Mauro

De un lado, el Grupo de medios más importante de la Argentina y uno de los más poderosos de Latinoamérica, famoso por su despotismo laboral y sus inescrupulosas prácticas anti sindicales y con toda una historia de negocios sucios y pactos con el poder político de turno al servicio de la desinformación y la manipulación de la realidad.  Él mismo resultado de acciones estatales contra medios de comunicación que colaboraron en su crecimiento, como el cierre del diario La Prensa en 1951, su nivel de entrelazamiento con el Estado y sus prebendas llevaron a que, alguna vez, se llevara el mote de “el Ministerio”.  

Del otro, un Gobierno, ex aliado de ese mismo Grupo, pagador serial de la deuda externa, defensor de la minería contaminante, sostén mediante cuantiosos subsidios de las privatizaciones del menemismo, experto en cooptación de movimientos y organizaciones otrora progresistas, caudillo de una lumpen burguesía mediática, con los Olmos, Szpolsky, Manzano, Vila y Cristóbal López, que se frotan las manos a la espera de la tajada que les toque en la reestructuración  capitalista que se avecina en el sector. 

El grupo Clarín pone en juego negocios estratégicos, vitales para su supervivencia y el Gobierno el resultado de las elecciones de 2013, es decir su estabilidad política atada a la perspectiva de re reelegir a Cristina, como si la imposición del “relato” que el pulpo le desafía pudiera imponerse a los embates de la crisis mundial y a los límites insalvables que la inflación y la quiebra del régimen de subsidios y rescate a las privatizadas con pago puntilloso de la deuda externa le marcan.   

Aún cuando la apuesta por superar los límites de la realidad por el relato que se haga de ella es el complemento de una visión conspirativa que atribuye a los medios capacidades que no tienen ni tuvieron, la perspectiva de reemplazar a un grupo privado concentrado de medios por uno igual de concentrado pero estatal o de capitalistas “amigos” no supone ningún progreso para la democratización de la comunicación social y hasta es peor, en tanto la posibilidad de una voz única de los capitalistas está atravesada por la competencia mientras que la que surja del Estado refuerza otros monopolios, como el de la violencia, la emisión de dinero, el Presupuesto, la administración de la deuda pública y los principales resortes de la cultura y la educación. 

Aunque usados por la Corpo y por la Korpo de manera espuria para esconder una pelea de capitalistas, la libertad de expresión de los periodistas y el concomitante derecho de la sociedad a una información veraz y objetiva se entrelazan con la suerte que correrán los más interesados en defender consecuentemente ambos principios: los trabajadores, que siempre pagan con precios altísimos, cada retroceso en las libertades democráticas como saldo de disputas interpatronales tácticas y coyunturales. 


Los trabajadores,  ausentes pero no tanto


Pese a la envergadura del choque y de lo que está en juego los trabajadores no logran intervenir, mucho menos con una posición unitaria e independiente. Desde el comienzo del conflicto, han debido enfrentar el feroz intento de alinearlos con uno u otro de los bandos, con el riesgo de sacrificar la unidad de clase con una agenda interpatronal hostil a sus intereses.  

La ausencia de una posición de clase, basada en una debate colectivo, ha dejado el campo abierto para manifestaciones aberrantes. La comisión interna del SAT de Canal 13/TN hizo saber, por ejemplo,  “que coincidimos y apoyamos el proyecto que la empresa lleva adelante en materia de televisión y generación de puestos de trabajo”. Sin embargo, Mariana, despedida del Canal por su actividad sindical, denunció que el 75% de los trabajadores de su sector son tercerizados y que las condiciones de trabajo son paupérrimas.  

La interna gráfica de la planta Zepita, donde se imprime Clarín, no le quiso ir en zaga y salió con un brulote igual de pro patronal, que el matutino no perdió la oportunidad de publicar en sus páginas.  “Los años de trabajo y diálogo con la empresa nos llevan a confiar y respetar las decisiones de quienes conducen el Grupo Clarín, conociendo además las convicciones empresariales y morales de dichos directivos”, sostiene el cuerpo de delegados en un texto abominable en el que, entre otras cosas, omite la enorme cantidad de contratados que hay en Clarín Zepita, donde hasta los francos son cubiertos por compañeros que están en esa condición pero con más de 10 años de antigüedad. Ambos comunicados parecen escritos por las oficinas de Recursos Humanos de cada empresa antes que por dirigentes… sindicales.  

En la otra vereda, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) sale en defensa de la Ley de Medios y anestesia a los trabajadores con la peregrina idea de que “la Ley de Medios Audiovisuales no contiene ninguna cláusula de desinversión que afecte a empresas gráficas”, como si Artes Gráficas Rioplatense o la Planta de Impresión del diario Clarín fueran compartimentos estancos y autoinmunes a los avatares del holding de empresas al que pertenecen. Quienes le avisan que han llegado tarde a mensurar las consecuencias son los compañeros de la comisión interna de AGR, la primera expresión independiente y sensata ante tanto desvarío pro patronal o progubernamental: “¿La directiva desconoce la caída en la venta del diario?”, señalan, a la vez que denuncian retiros voluntarios en ciernes y recuerdan el dato de que “en AGR imprimimos la revista de Multicanal?”  

La conducción de la UTPBA saludó calurosamente la asunción de Martín Sabbatella como titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), desde donde se convertirá en el comisario político del gobierno en la aplicación de la Ley al gusto del paladar oficial. Pero, además, dijo que apoya “la desinversión establecida por la ley”, aunque alertó sobre la posibilidad de que se puedan perder puestos de trabajo. Un saludo a la bandera. 

Lo concreto es que se colocó –aviesamente, como es su costumbre-, en la vereda del gobierno. 

Es más, ni siquiera puso en discusión la necesidad de preservar el derecho de los trabajadores a emitir la opinión que consideren correcta, tanto en el caso de que Canal 13/TN sean intervenidos o que sigan en manos de la Corpo. 

La Utpba ha llegado al extremo de no emitir opinión alguna frente a la grave provocación ocurrida en Venezuela contra Lanata y el equipo periodístico de Canal 13/ TN, abandonando su indelegable responsabilidad en la defensa de los periodistas afectados.  

La conducción de la Utpba, tiene todo el derecho como tal de estar a favor de la Ley de Medios o de cualquier otra ley, lo que no puede es arrogarse la representación de los afiliados en una posición que no fue discutida en asamblea alguna. Y mucho menos mantenerse en silencio sin oponer a la reestructuración que se avecina ningún pliego de exigencias ni garantías para los compañeros que se puedan ver afectados. En este punto, la comisión interna de prensa de Canal 13/TN, uno de los epicentros del conflicto,  tiene pendiente, por su lado,  aprovechar el envión que significó la victoria del reingreso de uno de sus delegados despedidos para impulsar un planteo de exigencias a la patronal actual como a la que, eventualmente, se haga cargo de las señales canal si es que se concreta la “desinversión”. Es extremadamente peligroso limitarse por toda posición a reivindicar las vaporosas alusiones de la propaganda oficial acerca de “garantizar los puestos de trabajo”. La inminencia del 7D plantea la necesidad de convocar una asamblea general para discutir una posición común de los trabajadores de prensa del canal. 

Qué puestos

Ausentes en el debate, maniatados en sus posibilidades de fijar una posición propia, los trabajadores son, sin embargo, aludidos e interpelados sistemáticamente con la promesa de que la Ley de Medios tiene el espíritu de “preservar los puestos de trabajo” y hasta de “crear nuevos”. Habrá que reclamarle, entonces, a los espíritus porque en el articulado de la norma no hay ninguna mención a que se prohibirán despidos o algo parecido. En los últimos días, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ha ratificado esa posición sobre los puestos de trabajo y el 7D, pero en una reunión con delegados de prensa lo presentó como una intención, en la que  “podemos fracasar”, al tiempo que recordó cómo, en otros terrenos en los que decisiones de política general del Gobierno afectaron fuentes laborales, se “garantizó, si bien no la totalidad, hasta un 70, 80% de los puestos, como el caso de los frigoríficos o la desaparición de las AFJP”. O sea que, en el primer descuido, ya se nos cayeron algunos puntos porcentuales del pleno empleo derivado de la ley de medios.  

La vaguedad con la que se alude a la preservación de los puestos de trabajo da pavura. ¿Será como en el cerrado diario Crítica, donde una huelga y ocupación de meses logró la reinserción de menos del 30% de los compañeros en trabajos nuevos sin garantía de antigüedad ni salario excepto el que se pudiera obtener mediante la lucha de los trabajadores de los medios adonde se reinsertaron los compañeros? ¿Cómo se garantizarán los puestos? ¿Con qué condiciones?  

La alusión a garantizar puestos de trabajo sin hacer mención a la integridad intelectual de los periodistas involucrados en los medios que se reestructurarían a partir del 7D es simplemente pérfida. Sin libertad de expresión, el puesto de trabajo del periodista no está garantizado de ninguna manera porque la posibilidad de expresar sus opiniones e informar con libertad es algo indivisible de su condición de trabajador periodista y, por lo tanto, de su puesto. Es lícito dudar de que el oficialismo esté pensando en esto cuando se sabe que son legisladores del oficialismo como Recalde los que tienen en carpeta un proyecto de ley sobre libertad de conciencia de los periodistas que tiene por único fin que el trabajador pueda considerarse despedido y llevarse una indemnización si cambia la orientación editorial de su medio.  

La Utpba ni siquiera puso en discusión la necesidad de preservar esta  integridad, entendida como el derecho de los trabajadores a emitir la opinión que consideren, sea en caso de que Canal 13/TN sean intervenidos o que sigan en manos de la Corpo. 

A-SAM-BLE-A

Los trabajadores están ausentes porque tienen bloqueados los mecanismos fundamentales con los que pueden hacerse oír, a través de asambleas generales y de la movilización y la lucha en base a un programa discutido democráticamente para plantar su propia agenda frente a los bandos en pugna. La necesidad de que los trabajadores voten en asamblea una postura común de cara al 7D es vital, no porque los exima de una orientación equivocada sino porque su actuación colectiva, mediante el saldado de las diferencias a través de mecanismos democráticas, le imprimiría al asunto una dinámica distinta, donde las posiciones y la lucha de tendencias públicamente expuestas puedan ser cotejadas con la realidad y los resultados de la acción práctica.

UN PROGRAMA
La defensa de la libertad de expresión como el derecho del pueblo a acceder a una información veraz y objetiva, y como la necesidad de garantizar mecanismos de control social en la gestión de esa información, para asegurar el cumplimiento de esos criterios en materia de contenidos. También la defensa de las reivindicaciones laborales, derechos y conquistas de los trabajadores de los medios afectados. Y la preservación de las condiciones materiales para que los trabajadores sean un actor gravitante en el desenlace o en el proceso de crisis que se abra. 

Basta de persecución sindical en todas las empresas del grupo Clarín. 

Por la reincorporación del delegado Marcelo Moreira y de Mariana  en Canal 13/TN. 

Pero no es sólo Clarín. En muchos medios se vive persecución a la vida sindical y el bloqueo a la organización, así como incumplimientos de elementales condiciones de trabajo y de los acuerdos paritarios, del Estaturo y el Convenio. 

Que se respeten la libertad sindical y nuestras conquistas en todas las empresas del gremio. 

Gravar a los grupos comunicacionales, de capital nacional o extranjero, para constituir un fondo de ayuda a empresas de medios en crisis, bajo control de los trabajadores y sus organizaciones, para solventar los primeros pasos de una gestión popular que abra su dirección de contenidos a la participación de las organizaciones sociales y que preserve las condiciones laborales de los trabajadores afectados. 

Ante la posibilidad de que una empresa cambie de dueños, asamblea general de planta para establecer un pliego con las condiciones del pasaje, que vote un comité de transición de la gestión de la empresa para analizar, con derecho a veto, la propuesta de los nuevos dueños. En paralelo, elección de delegados inmediata en todas aquellas empresas involucradas en este proceso que no los tengan, flexibilizando los requisitos para los candidatos. 

Asamblea general en cada empresa y en todos los sindicatos afectados por el 7D para procesar y votar un programa de salida general de los trabajadores frente a la crisis.

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