El Grupo Clarín también ataca en Córdoba

Jue 19 Jul 2007 El Grupo Clarín también ataca en Córdoba

La patronal del Grupo Clarín decidió mudar sus métodos brutales a Córdoba. En esta provincia, como parte de la política de acaparamiento monopólico de medios que lleva adelante con recursos públicos, el holding de la familia Noble es dueño del diario La Voz del Interior, cuyos trabajadores han salido a la lucha para lograr un aumento salarial. Lejos de satisfacer el reclamo de los compañeros, la patronal de La Voz adoptó el camino de la judicialización y denunció penalmente a cuatro trabajadores que participaron en una protesta frente a la sede del matutino mediterráneo.

A instancias de la denuncia empresarial, el fiscal Javier Pradaude imputó a Guido Dreizik y Víctor Beccaría, secretarios general y gremial del Círculo Sindical de la Prensa (Cispren), Walter Moyano, delegado gremial en La Voz y Daniel Klocker, editor de la agencia de noticias del sindicato que agrupa a los trabajadores de prensa cordobeses. Se los acusa por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

"Invocar semejante figura para calificar una manifestación de protesta gremial que transcurrió sin que se registraran incidentes y celosamente custodiada por la Policía, es un burdo intento de judicializar el reclamo sindical, que convierte en letra muerta la pretendida "paz social" que invocan las empresas y la autoridad laboral. Más todavía tratándose de una empresa como La Voz del Interior, que sistemáticamente viola la ley laboral al precarizar a su personal y hasta se da el lujo de impedir el ingreso a su planta a los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Provincia", dice el comunicado del Cispren.

No nos extraña que la provocación venga del grupo Clarín, el mismo que en el 2000 liquidó la organización gremial interna del diario mediante el envío de la Guardia de Infantería contra los trabajadores de prensa de los diarios Clarín y Olé. El mismo que en 2004 ocupó con 500 gendarmes la planta de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) para garantizar la salida de la revista Viva en medio de una huelga del personal. O que antes, en 1991, procediera al despido arbitrario, luego rechazado en varias instancias judiciales, de un delegado gremial. Clarín, paraíso del trabajo esclavo, de las pasantías miserables y de la arbitrariedad, no tolera ninguna clase de reclamo sindical.

La Naranja de prensa repudia el intento patronal-judicial-gubernamental de atacar los derechos de luchar de nuestros compañeros cordobeses y llama a todos los trabajadores de prensa, de Buenos Aires y del país, a repudiar este atropello.

A continuación, reproducimos el comunicado de los compañeros del Cispren:

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) manifiesta su rechazo a las imputaciones dictadas por la Justicia Penal provincial en contra de cuatro dirigentes y militantes del gremio que participaron en una protesta por aumento salarial frente a la sede de los diarios La Voz del Interior y Día a Día.
A instancias de una denuncia de La Voz del Interior -empresa que integra la nómina de medios del Grupo Clarín-, el fiscal Javier Pradaude imputó a Guido Dreizik (secretario General), Víctor Beccaría (secretario Gremial), Walter Moyano (delegado gremial en La Voz) y Daniel Klocker (editor de la agencia de noticias del Cispren www.prensared.com.ar ) por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
Invocar semejante figura para calificar una manifestación de protesta gremial que transcurrió sin que se registraran incidentes y celosamente custodiada por la Policía, es un burdo intento de judicializar el reclamo sindical, que convierte en letra muerta la pretendida "paz social" que invocan las empresas y la autoridad laboral.
Más todavía tratándose de una empresa como La Voz del Interior, que sistemáticamente viola la ley laboral al precarizar a su personal y hasta se da el lujo de impedir el ingreso a su planta a los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Cabe también recordar que esta denuncia había sido anunciada por la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) -históricamente caracterizada por su sordera cuando de libertades ligadas a los derechos de los pueblos se trata y muy afecta a poner el grito en el cielo cuando los intereses monetarios de sus cómplices se ven afectados-, en un comunicado donde calificaba a la protesta de los trabajadores de prensa como "hechos de violencia" y "una grosera agresión a la libertad de prensa".
Quizás Adepa no pueda aceptar que a la verdadera libertad de prensa la ejercen los trabajadores, pero también desconoce la existencia de otras libertades y garantías, como el derecho a sindicalizarse o el derecho a huelga, consagrados en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, norma que parece no regir en el "limbo legal" de que disfruta La Voz del Interior.
Así, se pretende atar de manos a los trabajadores de prensa y comunicación, obligados a acatar la conciliación y perseguidos judicialmente por reclamar sueldos dignos.
Ante este embate de autoritarismo patronal, el Cispren ratifica su compromiso de continuar la lucha por nuestra justa reivindicación salarial.

Firman el escrito, Guido Dreizik y Alexis Oliva, secretarios General y de Prensa respectivamente.

La patronal del Grupo Clarín decidió mudar sus métodos brutales a Córdoba. En esta provincia, como parte de la política de acaparamiento monopólico de medios que lleva adelante con recursos públicos, el holding de la familia Noble es dueño del diario La Voz del Interior, cuyos trabajadores han salido a la lucha para lograr un aumento salarial. Lejos de satisfacer el reclamo de los compañeros, la patronal de La Voz adoptó el camino de la judicialización y denunció penalmente a cuatro trabajadores que participaron en una protesta frente a la sede del matutino mediterráneo.

A instancias de la denuncia empresarial, el fiscal Javier Pradaude imputó a Guido Dreizik y Víctor Beccaría, secretarios general y gremial del Círculo Sindical de la Prensa (Cispren), Walter Moyano, delegado gremial en La Voz y Daniel Klocker, editor de la agencia de noticias del sindicato que agrupa a los trabajadores de prensa cordobeses. Se los acusa por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

"Invocar semejante figura para calificar una manifestación de protesta gremial que transcurrió sin que se registraran incidentes y celosamente custodiada por la Policía, es un burdo intento de judicializar el reclamo sindical, que convierte en letra muerta la pretendida "paz social" que invocan las empresas y la autoridad laboral. Más todavía tratándose de una empresa como La Voz del Interior, que sistemáticamente viola la ley laboral al precarizar a su personal y hasta se da el lujo de impedir el ingreso a su planta a los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Provincia", dice el comunicado del Cispren.

No nos extraña que la provocación venga del grupo Clarín, el mismo que en el 2000 liquidó la organización gremial interna del diario mediante el envío de la Guardia de Infantería contra los trabajadores de prensa de los diarios Clarín y Olé. El mismo que en 2004 ocupó con 500 gendarmes la planta de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) para garantizar la salida de la revista Viva en medio de una huelga del personal. O que antes, en 1991, procediera al despido arbitrario, luego rechazado en varias instancias judiciales, de un delegado gremial. Clarín, paraíso del trabajo esclavo, de las pasantías miserables y de la arbitrariedad, no tolera ninguna clase de reclamo sindical.

La Naranja de prensa repudia el intento patronal-judicial-gubernamental de atacar los derechos de luchar de nuestros compañeros cordobeses y llama a todos los trabajadores de prensa, de Buenos Aires y del país, a repudiar este atropello.

A continuación, reproducimos el comunicado de los compañeros del Cispren:

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) manifiesta su rechazo a las imputaciones dictadas por la Justicia Penal provincial en contra de cuatro dirigentes y militantes del gremio que participaron en una protesta por aumento salarial frente a la sede de los diarios La Voz del Interior y Día a Día.
A instancias de una denuncia de La Voz del Interior -empresa que integra la nómina de medios del Grupo Clarín-, el fiscal Javier Pradaude imputó a Guido Dreizik (secretario General), Víctor Beccaría (secretario Gremial), Walter Moyano (delegado gremial en La Voz) y Daniel Klocker (editor de la agencia de noticias del Cispren www.prensared.com.ar ) por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
Invocar semejante figura para calificar una manifestación de protesta gremial que transcurrió sin que se registraran incidentes y celosamente custodiada por la Policía, es un burdo intento de judicializar el reclamo sindical, que convierte en letra muerta la pretendida "paz social" que invocan las empresas y la autoridad laboral.
Más todavía tratándose de una empresa como La Voz del Interior, que sistemáticamente viola la ley laboral al precarizar a su personal y hasta se da el lujo de impedir el ingreso a su planta a los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Cabe también recordar que esta denuncia había sido anunciada por la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) -históricamente caracterizada por su sordera cuando de libertades ligadas a los derechos de los pueblos se trata y muy afecta a poner el grito en el cielo cuando los intereses monetarios de sus cómplices se ven afectados-, en un comunicado donde calificaba a la protesta de los trabajadores de prensa como "hechos de violencia" y "una grosera agresión a la libertad de prensa".
Quizás Adepa no pueda aceptar que a la verdadera libertad de prensa la ejercen los trabajadores, pero también desconoce la existencia de otras libertades y garantías, como el derecho a sindicalizarse o el derecho a huelga, consagrados en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, norma que parece no regir en el "limbo legal" de que disfruta La Voz del Interior.
Así, se pretende atar de manos a los trabajadores de prensa y comunicación, obligados a acatar la conciliación y perseguidos judicialmente por reclamar sueldos dignos.
Ante este embate de autoritarismo patronal, el Cispren ratifica su compromiso de continuar la lucha por nuestra justa reivindicación salarial.

Firman el escrito, Guido Dreizik y Alexis Oliva, secretarios General y de Prensa respectivamente.
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