Entre los jueces títeres y la mentira oficial: Los “hijos adoptivos” de Ernestina Herrera

Sáb 17 Abr 2010

El caso de Ernestina Herrera de Noble y sus hijos adoptados (se tiene la certeza de que se trata de hijos de desaparecidos) ya es un escándalo judicial.
En tiempo récord, con la sola presentación de un escrito por parte de sus defensores, la dueña de Clarín consiguió que la Sala II de la Cámara de Casación Penal suspendiera un análisis de ADN a los dos jóvenes, una pericia demorada desde hace ya ocho años.
Además, como denunció uno de los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, las muestras extraídas a Felipe y Marcela Noble Herrera “corren peligro, porque no se las puede mantener más de dos meses” (Sur, 21/3), según advirtió el Banco de Datos Genéticos (BDG). De ahí que, añade Iud, los jueces se comportan como “títeres de los abogados de Noble” (ídem).
Esos jueces y esos abogados, dicho sea al pasar, revelan los viejos vínculos de esa mujer tenebrosa.
La Sala II de Casación está presidida por Raúl Madueño, vinculado íntimamente con el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Fecondo, portavoz habitual de los ataques antigubernamentales de la derecha originados en el Poder Judicial.
Subrogantes de esa Sala son Luis García y Guillermo Yacobucci, quienes, en un fallo aberrante, ordenaron tiempo atrás la libertad de los asesinos seriales Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, entre otros. Sustentaron ese fallo en el “tiempo transcurrido” sin condena de primera instancia.
Yacobucci, miembro del Opus Dei, es un fascista declarado. En 1977 escribía en la revista filonazi Cabildo, junto a criminales como Acdel Vilas y Ramón Camps. El lobbista de Clarín ante esos magistrados es el abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, titular de la Side en tiempos de Menem.
Esa es la gente que encubre la casi segura apropiación de Marcela y Felipe por parte de Ernestina Herrera. No sería de extrañar: si esa señora se apropió, casi a título gratuito, de Papel Prensa durante la dictadura, ¿por qué no apropiarse de niños hijos de desaparecidos?

La mentira oficial
Al conmemorar el 34º aniversario del golpe en ese museo tétrico en que han convertido a la ex Esma, la Presidenta prometió a la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, que llevará el caso personalmente a tribunales internacionales si la causa no prospera en la Justicia argentina. Se trata de una completa falsedad.
Los procesos homeopáticos contra represores, incluida la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, han cumplido en la práctica la función de proteger a los genocidas precisamente de la posibilidad de que fueran juzgados por tribunales extranjeros, por las instancias internacionales a las cuales la señora Kirchner dice ahora que acudirá. Estamos ante el empleo canallesco de los desaparecidos durante la dictadura y de los niños apropiados en una disputa por el control monopólico de enormes negocios entre el grupo Clarín y los grupos defendidos por el gobierno.
Por lo demás, esos procesos, aun acotados, apuntan a sancionar a los sicarios, a los asesinos a sueldo, pero no a los pagadores del sueldo. Es decir, a la Unión Industrial, a la Sociedad Rural, a los grandes bancos, a la embajada norteamericana, a los Eskenazi y los Werthein, a la “burguesía nacional” que este gobierno se proponía “reconstruir”.
Las consignas históricas de juicio y castigo a los culpables y cárcel común a los represores exigen enfrentar decididamente al gobierno de un matrimonio enriquecido de manera espuria durante la dictadura militar.

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