La Naranja y la violencia de género en el Sipreba: una política de clase

Mié 9 Oct 2019

El 1 de octubre pasado, el Sipreba procedió a expulsar de su nómina de afiliados al exsecretario de organización del sindicato, Patricio Klimezuk, por violencia de género. Lo hizo mediante la convocatoria a una asamblea general, que deliberó y tomó la decisión, un hecho casi sin precedentes dentro del mundo sindical, cuyas organizaciones, dominadas en su mayoría por la burocracia sindical y por las patotas que las sostienen, son enemigas declaradas de los derechos de las mujeres.

La resolución adoptada es resultado de un proceso extenso, con importantes debates dentro de la Secretaría que dirigimos y a su vez dentro de la comisión directiva del sindicato.

Klimezuk ya había abandonado el cargo de secretario de organización, luego de que, en 2016, se conociera la denuncia, por violencia psicológica y acoso, de una compañera que la formuló en una de las reuniones abiertas de la Secretaría de Mujeres y Géneros.

En ese momento, el agresor era candidato a secretario de organización de la lista unitaria que se había construido para disputar la dirección del naciente Sipreba. La compañera dijo que ella había hecho la misma denuncia un año antes, en la agrupación que compartía con Klimezuk, el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP). Ese antecedente no había sido informado ni puesto en consideración por el CTP al resto de las agrupaciones a la hora de conformar la lista Pluricolor.

Ya en ese momento La Naranja de Prensa hizo pública su posición sobre el caso. http://www.lanaranjadeprensa.com.ar/la-naranja-de-prensa-sobre-la-denuncia-de-violencia-de-g%C3%A9nero-en-el-sipreba

 La denuncia de la compañera disparó un largo y complejo proceso, que incluyó, entre otras cosas, la suspensión preventiva del dirigente y una investigación de tres meses, donde se sostuvieron numerosos encuentros y se realizaron diferentes consultas, entre otras, con La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres -organismo dependiente de la Procuraduría General de la Nación. También con compañeras periodistas del gremio especializadas en violencia de género.

 

Luego de todo ese proceso se establecieron una serie de acciones (talleres sobre violencia de género para miembros del sindicato; la confección de un protocolo; acompañamiento y contención a la compañera) y se resolvió la reincorporación del dirigente, con una serie de condiciones.

La mayoría de las compañeras que participaban de la Secretaría rechazó la reincorporación y pidió directamente la separación del cargo de la persona denunciada.

Los argumentos planteados fueron de diverso tipo, pero en general dominaba un planteo sobre su legitimidad como representante. Mientras que La Naranja rechazó aquellos que apuntaban a una mera política punitiva, compartimos la opinión —revisando la posición que habíamos fijado en un principio— de que la reinserción debe partir de que el agresor no formara parte de la Comisión Directiva del Sipreba, sino que integrara el sindicato como un afiliado más. La diferencia no es menor: la Comisión Directiva, incluso en un sindicato democrático como el nuestro, no deja de representar una posición de poder que coloca a la víctima y al victimario en roles distintos.

En este marco, el denunciado optó por presentar la renuncia a su cargo en el sindicato, en 2016, sin participar nunca de lo resuelto por la Comisión Directiva.

Sin embargo, en diciembre de 2018, en el marco del conflicto de Télam por los 357 despidos, la Comisión Directiva tomó conocimiento de nuevos casos de reincidencia grave por parte del denunciado durante el conflicto. Además tomamos conocimiento de que el propio Klimezuk difundía entre el activismo que había vuelto a ocupar su cargo al que había renunciado hacía más de dos años. Esto derivó que en esa misma reunión se decidiera de forma conjunta formalizar su separación -que ya era efectiva-, y además la expulsión del sindicato como afiliado, ya que se sumaba la reincidencia, la negativa de realizar los talleres a los cuales se le había encomendado y por último, por haber puesto en peligro la pelea contra los despidos en la Agencia.

A pesar de que por el principio de preservación de la identidad de las compañeras afectadas y su posible revictimización no recomiendan la exposición del caso en una Asamblea, los abogados del sindicato confirmaron que la única manera de hacer efectiva esa expulsión era a través de una asamblea extraordinaria en la medida en que en nuestro estatuto no está contemplada la violencia de género como una falta grave, algo que también contemplamos para modificar. Eso es lo que ocurrió ahora.

La Naranja intervino en todo este proceso con una política propia, diferenciada del resto de agrupaciones que conforman la directiva, dentro de la cual varias de nuestras posiciones quedaron en minoría. Entre otras cosas, tomamos el reclamo de las compañeras para ir por la separación del dirigente, reclamos la publicidad de las actas de las reuniones donde se trató el tema, entre otras cosas, en el marco de un intenso activismo que tuvo como prioridad la defensa de la compañera agredida con una política de superación del problema que no implicara la execración del acusado ni que las acciones supusieran su hundimiento como persona y compañero.

Opinamos que el punitivismo, separado de cualquier acción transformadora de las conductas violentas o machistas, es un planteo de división entre la mujer y el hombre al interior de la clase trabajadora. Al servicio de este planteo de punición individual está la política de los escraches públicos que se propugnan para militantes o ex militantes sindicales o políticos, lo que implicaría para todos ellos, sin distinción, una condena social definitiva. Nosotros somos socialistas y sostenemos que la lucha por la transformación de la sociedad es una apuesta a la transformación, también, de quienes participan de ella, y que en el curso de esa misma lucha logren abrazar la causa de los derechos de las mujeres.

 

Somos militantes políticos revolucionarios, no jueces. Mientras adoptamos todas las medidas prácticas de defensa de la integridad de las compañeras que son víctimas de estas acciones, nos guiamos, aún en nuestro propio aprendizaje, por la tradición histórica del movimiento socialista de las mujeres, que ha propugnado una política para las organizaciones obreras dirigidas a erradicar el machismo y la discriminación de género por medio de la acción política de clase y la persuasión.

El feminismo liberal, en cambio, quiere sustituir esa intervención política por el punitivismo. De ese modo, reproduce al interior de las organizaciones obreras el método con el cual el Estado aborda la violencia de género, que consiste en servirse de este flagelo para reforzar su poder de coacción y represión.

 

Una acción despolitizada, que adentro de los sindicatos no distingue políticas ni orientaciones de las fuerzas políticas que actúan en su interior, ni fuera de ellos expone una delimitación de las corrientes políticas que se disputan la dirección del Estado. Se combina el más estricto punitivismo, sin contemplar procesos ni delimitaciones de clase, con una abstención o, peor, con un ocultamiento acrítico de las opciones políticas que no luchan por los derechos de las mujeres, la mayoría tributarias de los partidos de Estado que son directos agresores sociales de las mujeres.

Por todo esto llamamos a reforzar la participación en el sindicato y en las reuniones abiertas de la Secretaría de mujeres y géneros porque consideramos que la principal herramienta que tenemos las y los trabajadores es la organización independiente de los gobiernos y de los patrones para conquistar definitivamente todos nuestros derechos.

 9/10/2019

 

La Naranja de Prensa.